La Generalitat dio ayer un paso al frente y anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional mediante un conflicto de competencias contra la nueva norma del Gobierno central que dejará a muchas ONG catalanas sin buena parte de los recursos que reciben del Estado. Una nueva orden ministerial regulará las subvenciones a través del 0,7% con cargo al IRPF y beneficiará sólo a ONG que tengan presencia en toda España. En 2008, se presentaron para recibir la ayuda proveniente del 0,7% de la declaración de renta 326 ONG, de las que el 40% actúan sólo en Cataluña.
Esos datos los proporcionó ayer Carme Capdevila, consejera de Acción Social y Ciudadanía, durante un receso de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales que se celebró en Madrid. Durante la reunión, Capdevila solicitó a la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, que depusiera la medida. Capdevila considera que el Gobierno central ha invadido competencias porque este ámbito atañe a las comunidades autónomas y es un derecho reconocido en el Estatuto. “Este gesto certifica la necesidad de más autogobierno”, dijo Capdevila, de Esquerra Republicana. El recurso pondrá el acento en que el Gobierno se comprometió en septiembre a hacer un traspaso “progresivo” a las autonomías de la gestión del IRPF.
La medida ha irritado especialmente al tripartito. El Partit dels Socialistes (PSC) discrepa del PSOE por la decisión tomada y ERC e Iniciativa per Catalunya-Els Verds, sus socios de Gobierno, están radicalmente en contra. CiU ha puesto el grito en el cielo. “El PSOE se ha atrevido a hacer lo que no osó ni el PP con mayoría absoluta. Y ahora el PSC recurre la decisión de un Gobierno amigo. Es esperpéntico”, dijo el convergente Oriol Pujol.
El Gobierno de Montilla ha presentado hasta ahora un solo recurso de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal por la ley estatal de profesiones de abogados y procuradores y una docena de recursos por conflictos de competencias.
La Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, que representa a 3.000 organizaciones, ha criticado con dureza la norma al recordar que la mayoría de los contribuyentes catalanes -el 57%- marcaron la casilla de fines sociales en su declaración de la renta en detrimento de la opción de la Iglesia. El porcentaje supera al de la media de toda España, que es del 45%. Capdevila recordó esa realidad para reforzar su tesis.
La Mesa calcula que con la nueva fórmula de reparto de los fondos las entidades catalanas perderán unos 30 millones de euros en un momento en que la crisis cada vez exige más recursos. Fuentes un sector de las ONG sostienen, sin embargo, que el conflicto no tiene nada que ver con una cuestión territorial y que, en realidad, lo que ha sucedido es que el Gobierno central ha cedido a la presión de las grandes ONG de “repartirse el pastel” y no compartirlo con las pequeñas.
